El pasado 14 de Agosto, la actual administración federal, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), anunció una nueva regla acerca de la carga pública, que entrará en efecto el próximo 15 de octubre. Esta nueva regla esta diseñada para confundir a la gente y excluir.
¿Qué significa la regla de carga pública?
Desde 1999, oficiales de Inmigración han definido “carga pública” como personas que “dependen principalmente del gobierno para subsistir”, a través de:
Ayuda pública en efectivo como ingreso para mantenerse
Institutionalizándose para el cuidado a largo plazo. Esto incluye Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI por las siglas en inglés), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF por sus siglas en inglés), Ayuda en efectivo estatal y local, llamada algunas veces “Asistencia General” o Medicaid u otros programas de ayuda como asilos de ancianos o instituciones de salud mental.
Bajo la regulación propuesta, los beneficios incluidos para ser considerados carga pública incluyen:
SSI, TANF, asistencia general y atención institucional a largo plazo
SNAP
Asistencia de Vivienda y alquiler de la Sección 8
Subsidios Federales de Vivienda
Beneficios de Medicaid que no son de emergencia (excepto menores de 21 años, personas discapacitadas, mujeres embarazadas y madres dentro de los 60 días posteriores al parto).
Un dato importante para considerar, es que la gran mayoría de las personas solicitando residencia no son elegibles para los beneficios que la regla sobre “carga pública” busca penalizar.
Sin embargo, la regla ha creado confusión y temor dentro de la comunidad inmigrante y La Villita. Citlalli Bueno Lares, Organizadora de Inmigración de Enlace Chicago, nos cuenta que en un esfuerzo por proveer información y contestar preguntas, Enlace esta planeando dos entrenamientos, “el primer entrenamiento será el 29 de agosto a las 10 am en la oficina Troy para Promotorxs de Salud y personal de Enlace. Aún estamos tratando de encontrar una fecha para el segundo entrenamiento, pero será antes de que finalizen los 60 días del período de espera. y estará disponible para toda la comunidad. Queremos asegurarnos que cada persona conozca sus derechos. Estamos creando espacios de educación, para que la gente conozca sus derechos y sepa quién va a ser afectado y los servicios a los que pueden acceder o permanecer”.
A pesar de que los criterios que se toman en cuenta al momento de otorgar una visa deben ser definidos por el Congreso del país, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea expandirlos, para incluir:
Edad del solicitante: Personas menores de 18 años y mayores de 61 podrían tener más riesgo de ser negadas.
Salud: Determinar si la personas sufre de alguna enfermedad o condición que no le permitiese trabajar, a través de un examen medico más riguroso.
Tamaño de la familia: Tener una familia numerosa
Habilidades: Si las habilidades de la persona le permitirán mantener un trabajo.
Estado financiero: historial crediticio, ingresos, activos y un ingreso familiar mínimo mucho más alto que antes ($41,140 para parejas sin hijos y $73,550 para una familia de 5 y más)
En definitiva, la regla final modifica las regulaciones del DHS al prescribir cómo el DHS determinará si un extranjero que solicita la admission (Visa) o el ajuste de estatus es inadmisible para los EE. UU. Según la sección 212 (a) (4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA o la Ley), porque es probable que en cualquier momento se convierta en una carga pública.
Citlalli cree que “la gente esta asustada. No saben si deben mantener a sus niños en los programas en que se encuentran. Va a tener efectos dramáticos en la salud de las personas a largo plazo”.
Para mayor información y recursos, puede visitar la página de Protecting Immigrant Families http://protectingimmigrantfamilies.org
